Las centrales sindicales nacionales de España –CC.OO y UGT– en conjunto condujeron 1.800.000 personas a las calles en 57 ciudades el 19 de febrero, para protestar contra la legislación laboral del Gobierno que debilita drásticamente la negociación colectiva y la protección en el lugar de trabajo, a la vez que facilita los despidos. Impuesto mediante decreto del 10 de febrero, el paquete de “reforma” suprime la indemnización obligatoria por despido de 45 días por cada año trabajado, reduciéndola a 33 días con un tope de dos años para los trabajadores y trabajadoras despedidos con contratos permanentes; merma o elimina los requisitos exigidos al empleador en casos de despidos individuales y colectivos; permite a los empleadores modificar unilateralmente el horario, los días, los requisitos de horas extraordinarias de trabajo y la remuneración; prepara el terreno para una invasión a gran escala en los contratos individuales tanto en el sector público como en el privado; y fomenta el recurso a contratos abusivos de ‘tiempo parcial’ y de capacitación.
Oficialmente el desempleo en España se sitúa en un 23%, el más elevado para cualquier país desarrollado, ascendiendo el desempleo juvenil por lo menos al doble. Las organizaciones sindicales denunciaron a la nueva ley laboral como la mayor embestida a los derechos de los trabajadores desde la restauración de la democracia en España –y programan nuevas manifestaciones para el 29 de febrero a fin de coincidir con una movilización en toda Europa contra las medidas de austeridad promovidas por los bancos, con la Comisión Europea y el FMI como encargados de su cumplimiento. Las organizaciones sindicales también se han unido junto con docenas de ONGs en una plataforma para la defensa de los servicios públicos y el estado de bienestar.