Miles de trabajadores rurales se reunieron en las calles de Brasilia el 20 de marzo como parte de una movilización nacional de CONTAG para poner de relieve los derechos de los asalariados rurales y la urgente necesidad de acción gubernamental.
CONTAG de Brasil, la mayor organización sindical agrícola del mundo, que reúne a 27 federaciones miembro compuestas por alrededor de 4.000 sindicatos de trabajadores asalariados y agricultores familiares. En tanto el regular Grito da Terra [1] de CONTAG ('Grito de la Tierra') moviliza a los miembros del sindicato de trabajadores y pequeños agricultores en torno a temas de política para el sector en general, la acción del 20 de marzo se centró por primera vez en la necesidades y reclamos específicos de trabajadores y trabajadoras asalariados del campo.
De los 4,8 millones de trabajadores/as agrícolas asalariados de Brasil, sólo 1,6 millones están cubiertos (mínimamente) por la legislación de empleo y seguridad social. El auge de los productos básicos agrícolas de Brasil se construyó sobre un modelo de desarrollo rural basado en la propiedad de tierras en gran escala, el uso intensivo de plaguicidas, semillas genéticamente modificadas, apropiaciones, expropiaciones y violencia rural. Según CONTAG, las condiciones laborales degradantes y la exclusión de la mayor parte de la fuerza laboral asalariada de la protección del lugar de trabajo y la seguridad social, significan que las enormes ganancias generadas por la agricultura brasileña se basan en la sistemática denegación de los derechos de los trabajadores agrícolas. El rápido avance de la mecanización, en particular en la caña de azúcar, ha destruido en años recientes decenas de miles de puestos de trabajo, sin oferta alternativa de empleo en el campo.
Cuatro mil trabajadores agrícolas de todo el país marcharon hacia el edificio presidencial para reclamar una Política Nacional para los Trabajadores Rurales con los objetivos de crear empleos, mejorar los ingresos de los trabajadores rurales y extender la educación y protección legal y de seguridad social. Entre los reclamos están: cambios en la legislación a fin de facilitar el reconocimiento sindical y la negociación colectiva, fijación de una semana laboral de 40 horas; creación de una política nacional de educación y capacitación de los trabajadores/as rurales; implementación de un marco que vincule la mecanización con la capacitación y situación social de los trabajadores/as desplazados por la misma; acceso de los trabajadores/as a viviendas rurales y becas de educación en el período fuera de temporada; medidas concretas para combatir el trabajo informal mediante una mejor formalización y verificación de los contratos de empleo; elaboración e implementación de una política nacional sobre plaguicidas, incluyendo la inmediata prohibición del glifosato (Roundup), abamectina, phosmet, parathion, phorato, thiram, carbofurano, paraquat y lactofem, así como la aplicación de las prohibiciones existentes (por ej. DDT); mejora del salario mínimo para trabajadores agrícolas y medidas para combatir la discriminación de remuneración entre hombres y mujeres; y mayor adjudicación de tierras para los trabajadores rurales a través del programa de reforma agraria, incluso la tierra decomisada a los agricultores que empleaban mano de obra esclava. (ver el sitio web de la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA [2] por la carta completa de reclamos en portugués).
Antonio Lucas, Secretario de CONTAG para los asalariados/as rurales, aplaudieron la movilización como un primer paso vital en la construcción de una plataforma específica para asalariados/as rurales pero criticaron con severidad la respuesta no comprometida del gobierno. "No podemos decirle a los trabajadores que van a crear un grupo de trabajo para estudiar la situación y entonces considerar posibles medidas", dijo Lucas. "El gobierno debe comprender que estamos aquí en busca de soluciones prácticas".