Al menos dos trabajadores bananeros murieron el 8 de julio cuando la policía abrió fuego sobre los trabajadores en huelga de la provincia de Bocas del Toro. Cuatro mil trabajadores de la compañía Bocas Fruit Company fueron a la huelga por motivos salariales al comienzo de este mes, a los que se les unieron miles de productores independientes de las cooperativas con sus propias reclamaciones. La huelga fue declarada ilegal bajo la Ley 30, recientemente aprobada, a la que se le dio el sobrenombre de "Ley Chorizo" porque amontona en un solo paquete medidas antidemocráticas incluso la legalización del remplazo permanente de los huelguistas, aboliendo la retención de cuotas sindicales y eliminando las evaluaciones de impacto ambiental sobre aquellos proyectos de construcción considerados 'de utilidad social'. La Ley Chorizo y la Ley 14 relacionada penalizan los bloqueos de calles y establecen inmunidad para la policía que utiliza armas de fuego contra los manifestantes.
Grupos laborales y cívicos han respondido a la aprobación de las nuevas leyes con protestas y medidas de huelga, incluida una huelga general de un día de duración. La respuesta del gobierno fueron cientos de arrestos y el uso de la fuerza. Informes extraoficiales indican que la violencia del 8 de julio llevó el número de muertos a 6 y más de 120 lesionados por balas y gas lacrimógeno. Cientos de dirigentes cívicos y sindicales han sido arrestados.
Los sindicatos bananeros y las organizaciones sindicales internacionales han protestado contra la violencia y el represivo paquete legislativo del gobierno, exhortando a la inmediata derogación de las leyes, la liberación de todos los manifestantes detenidos y dirigentes cívicos y políticos, así como por una indemnización para las familias de las víctimas de la violencia estatal.
Se encuentran disponibles actualizaciones periódicas de la situación en el sitio web de la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA. [1]