El gobierno turco interpuso denuncias penales contra 111 dirigentes, miembros y partidarios sindicales que implican hasta 5 años de prisión en conexión con una manifestación realizada en Ankara en el 2010. La acción en Ankara tuvo como objetivo respaldar a 12.000 trabajadores/as cesados de un día para el otro tras la privatización del monopolio estatal del tabaco, TEKEL [1].
Después de la venta de las actividades manufactureras de tabaco de TEKEL a BAT en febrero del 2008, el estado retuvo el control sobre los 40 depósitos donde se almacenaba la hoja de tabaco y el tabaco semi-procesado. TEKGIDA-İŞ, la afiliada de la UITA que representa al personal de TEKEL, procuró constantemente negociar con el gobierno el futuro de los 12.000 trabajadores/as de los depósitos, a quienes solamente se les ofreció contratos inseguros a la mitad de sus anteriores salarios y ningún derecho o beneficio. En diciembre del 2009, sus empleos fueron cesados abruptamente.
No surgieron resultados tras tres meses de protestas sindicales en Ankara pero, como un gesto de buena voluntad, la organización sindical suspendió las acciones públicas y esperó una respuesta a sus reclamos por nuevos empleos con derechos adquiridos – como lo exige la legislación turca.
Cuando el gobierno fracasó en ofrecer nada concreto, TEKGIDA-İŞ y sus muchos partidarios realizaron nuevamente una manifestación en Ankara el 1º de abril del 2010. Fueron golpeados y rociados con gas pimienta – y ahora se enfrentan a la cárcel.
La lista de los acusados por el Fiscal Público de Ankara incluye al Presidente de TEKGIDA-İŞ, Mustafa Turkel, junto con otros 4 dirigentes nacionales y 12 presidentes de seccionales, los actuales y anteriores directores de la central nacional DISK, dos ex dirigentes de la confederación del sector público –KESK– y otros destacados militantes sindicales y sociales.
El proceso judicial está programado para iniciarse el día 3 de junio.
Las denuncias tienen la intención de coartar el movimiento laboral de Turquía, penalizando las acciones de protesta en defensa del empleo y los derechos sociales. La legislación laboral turca ya restringe severamente los derechos de sindicalización y negociación. Permitir que estas acusaciones absurdas avancen en las cortes sería un revés considerable para los esfuerzos en curso, tanto en el ámbito doméstico como en el extranjero, de ajustar el sistema de relaciones laborales de Turquía conforme a los Convenios internacionales.
En consecuencia, apelamos a todos los defensores de las organizaciones sindicales a elevar sus protestas por estas acusaciones penales al gobierno turco, exigiendo que se retiren inmediata e incondicionalmente todas las denuncias.