Nestlé, la mayor compañía de alimentos del mundo (que recientemente se expandió con la adquisición de la división de nutrición infantil de Pfizer), tiene un anuncio para cada producto, una rutina de responsabilidad social empresarial para cada ocasión, una presentación para cada analista financiero y una respuesta para cada interrogante, excepto una. Nestlé no puede explicar cómo su ostensible compromiso con los derechos humanos se encuadra con el trato impuesto a los miembros sindicales en su fábrica Nescafé en Panjang, Indonesia.
Cincuenta y tres efectivos de SBNIP --una afiliada de la UITA que durante años ha combatido por el derecho básico de negociar los términos y condiciones de empleo de sus miembros en Nestlé-- fueron despedidos de forma arbitraria y vengativa el 5 y 6 de octubre del año pasado, después que la organización sindical había suscrito un acuerdo con la compañía para poner fin a una huelga por el estancamiento de las negociaciones. Nestlé tiene una explicación diferente para esta acción, según quién formule la pregunta. A nadie se le dice el motivo verdadero: se castiga a los trabajadores y trabajadoras por intentar afirmar sus derechos en un país donde tales esfuerzos no son bien recibidos por los patrones de las compañías y los gerentes de recursos humanos, quienes no están acostumbrados a que su suprema autoridad sea desafiada.
La UITA y sus miembros han apelado a Nestlé para que restituya a dichos trabajadores/as desde que se procedió a los despidos masivos. Nestlé se niega a reincorporarlos.
Se inaugurará una nueva fase de la campaña en el 26º Congreso de la UITA, que se inicia el 15 de mayo. La campaña “¡Somos los 53!” establecerá un Fondo de Justicia Nestlé Panjang para ayudar a los trabajadores/as y a sus familias, quienes enfrentan severas privaciones como consecuencia de las injustas y arbitrarias acciones de Nestlé.
