Los inversores se encuentran complacidos. El Banco Central Europeo, el centro de poder del mayor grupo bancario del mundo se ha comprometido a apoyar a los gobiernos de menores recursos de la Eurozona mediante la compra ilimitada de bonos. En principio, esto disminuiría las tasas de interés y aliviaría los costes de los préstamos. Pero implica un alto precio: los gobiernos que soliciten ayuda del banco central deberán comprometerse a realizar más recortes de gastos y empleo en el sector público.
Jörg Asmussenm, funcionario del BCE, destacó que la compra de bonos "Sólo se realizará cuando el país adopte profundas medidas de reforma. Es un requisito previo necesario para que actúe el BCE". Christine Lagarde, directora del FMI, corroboró el mensaje “acogiendo con satisfacción” el apoyo brindado a los mercados de bonos, vinculado con “programas de ajuste macroeconómico y cumplimiento de las correspondientes medidas de reforma del sistema fiscal y estructural”.
Esto ocurre ahora muy a menudo. Las medidas políticas temerarias han sido el arma elegida por el BCE para un ataque masivo contra servicios públicos, derechos sociales y negociación colectiva, organizado en conjunto con la Comisión Europea y el FMI (la ‘Troika’). En cada etapa de la creciente crisis, el BCE ha programado sus intervenciones para que tengan el máximo valor efectista, a fin de reafirmar el régimen de austeridad. Los ataques especulativos han sido totalmente predecibles, dada la forma en que los rescates han sido organizados. Sin embargo, se permite la propagación del “contagio” financiero. Sólo entonces, cuando los mercados amenazan con quedar fuera de control y se ha silenciado a la opinión pública mediante un aluvión mediático que pronostica catástrofes inminentes, entra en acción el BCE – a cambio de más reducción del gasto público y más liberalización.
Este juego, cínico y peligroso, ya ha provocado innecesarias dificultades a millones de trabajadores y trabajadoras, y se nos han prometido más. Las organizaciones sindicales deben rechazar claramente esta suicida forma de rescate y exigir un cambio radical en la política.
El BCE tiene enormes recursos a su disposición; en cada etapa de esta crisis cada vez mayor, ha tenido el dinero y los mecanismos para rechazar a los especuladores. También tiene los recursos para afianzar el programa de inversión pública que es el vehículo genuino para combatir la crisis y la alternativa a la austeridad. Los responsables de las políticas saben que la masiva reducción de gastos acelera el desempleo y ejerce mayor presión sobre las finanzas públicas. También saben que los sucesivos rescates han obligado a los gobiernos a absorber los devastadores costos de las pérdidas del sector privado. Pero tienen una lección que dar y una misión que cumplir.
A comienzos de este año, el BCE entregó un billón de Euros en préstamos virtualmente libres de intereses al sector bancario privado – sin condición alguna. No se cuenta aún con una revisión contable pública sobre cómo se utilizó ese dinero (de hecho el BCE admitió que no tienen ni idea). Sin embargo, las finanzas públicas de los países que se someten a los rescates, son sujetas a un minucioso escrutinio para asegurar que se inflija todo el dolor posible y que impongan decretos de modo informal para revocar los derechos de los trabajadores consagrados en tratados internacionales o de la UE.
El caso del billón desaparecido no es el único misterio no resuelto de la Eurozona. ¿Cuál fue, por ejemplo, el impacto real sobre los tenedores de bonos griegos en la reestructura de deuda de febrero del 2012 – el famoso “recorte de valoración”? Muchos de esos bonos fueron comprados para que produjeran tasas astronómicas de interés y luego asegurados contra pérdidas mediante permutas de cobertura por incumplimiento. ¿Quién perdió, quién ganó y cómo están ahora las cosas? ¿Cuánta riqueza ha sido extraída de países que supuestamente se benefician de la “ayuda” financiera de la Troika?
Estas interrogantes no tienen lugar en el relato imperante, según el cual los tecnócratas no políticos luchan con valentía contra las fuerzas anónimas “del mercado”. De hecho, el BCE y sus aliados siguen una agenda profundamente política, en el centro de la cual hay un proyecto para revertir o eliminar los progresos sociales de los últimos cincuenta años.
Esa agenda debe ser combatida y derrotada; en primera instancia, organizando para rechazar el programa más reciente que causará un mayor empobrecimiento, e intensificado las protestas contra la austeridad.
Sí, el sistema financiero necesita una reglamentación más fuerte y ser aplicado en forma más estricta. La pregunta de fondo es: ¿reglamentación para qué? La evolución de la crisis durante los últimos 4 años -una crisis que continúa tan lejos como siempre de una verdadera resolución- pone de relieve la necesidad de que las finanzas se encuentren bajo supervisión pública y control democrático.
Enfrentar y derrotar el régimen de austeridad es la primera etapa en la lucha por operar los bancos como servicios públicos.