Las nubes de tormenta del libre comercio se ciernen sobre Colombia, donde trabajadores urbanos y sindicatos apoyan la huelga que llevan a cabo cientos de miles de pequeños agricultores, devastados por los recientes acuerdos comerciales con EEUU y otros países. La ola de huelgas y manifestaciones no sólo representa el movimiento social más importante de ese país, en décadas; en la actualidad, es el desafío de base más amplia, para el proyecto neoliberal internacional. En momentos en que se están ultimando nuevos tratados de comercio e inversiones como el Acuerdo de Asociación Transpacífico [1] (en inglés) en condiciones de absoluto secreto, este movimiento tiene mucho que enseñarnos. Y necesita apoyo mundial.
A los productores agrícolas de los sectores avícola, lácteo, del arroz, café, patatas, etc. se han adherido otros grupos como los camioneros, que protestan por el elevado costo del combustible; trabajadores de la salud que luchan contra la privatización; mineros que protestan por el despilfarro de los recursos minerales del país; los maestros; cada uno con sus propios reclamos pero unidos en su apoyo a la revuelta rural. La central nacional CUT y otros sindicatos han jugado un papel fundamental en la movilización de un amplio consenso.
El acuerdo de comercio con EEUU, que entró en vigor el año pasado, abolió de inmediato los aranceles del 70% de las importaciones agrícolas y los elimina para los productos restantes. El resultado predecible ha sido una avalancha de importaciones baratas, muchas de las cuales se benefician de subsidios directos u ocultos. La repercusión sobre los medios de subsistencia ha sido grave e inmediata.
La respuesta del Presidente Santos fue, en primer lugar, negar la existencia de las protestas (mientras hacía uso de la violencia contra los manifestantes) y luego, culpar a la guerrilla falsamente por ese movimiento social. La represión aumentó y el 25 de agosto la policía arrestó en Bogotá a Hubert de Jesús Ballesteros Gómez, miembro del Ejecutivo de CUT y uno de los dirigentes sindicales designados para negociar con el gobierno. Ballesteros permanece detenido. Entonces Santos declaró estar dispuesto a negociar los reclamos del movimiento, a condición de que finalizaran las huelgas y protestas. Finalmente, aceptó las negociaciones en base a presuntas salvaguardias del tratado, pero las conversaciones continúan estancadas.
Bajo los términos del tratado, esas salvaguardias no existen.
El tratado prohíbe a Colombia, específicamente, utilizar los aranceles variables permitidos con anterioridad, por lo cual, los aranceles podían aumentar si descendía el precio de las importaciones. Están permitidas las medidas temporarias en respuesta a cambios súbitos en la cantidad de las mercaderías, pero sólo sobre aquellas importaciones que no cuenten ya con el beneficio del acceso libre de derechos aduaneros. Los productores colombianos no tienen defensa alguna contra la volatilidad de precios que está destruyendo sus medios de subsistencia. Aún los muy limitados mecanismos de salvaguardia agrícola actualmente permitidos bajo las normas de la OMC están excluidos del tratado EEUU-Colombia, un claro ejemplo de cómo los sucesivos acuerdos de comercio e inversiones superponen niveles de restricciones para limitar el espacio político nacional y fortalecer el poder empresarial.
La volatilidad de precios no es el único elemento en este ataque a la seguridad alimentaria y a los ingresos rurales. La especulación financiera, el desmesurado incremento de los precios de la tierra y la ofensiva gubernamental contra las semillas “no registradas” (vale decir, no patentadas) son todos componentes de la situación.
Sindicalistas, activistas campesinos y defensores de los derechos civiles continúan siendo asesinados impunemente a pesar de las “salvaguardias” anexadas a los tratos comerciales con EEUU y con la Unión Europea. En julio, renunció el embajador de Colombia ante EEUU, a causa de su presunto papel en la transferencia de tierras -pertenecientes a pequeños propietarios - a empresas gigantes, mediante compañías ficticias registradas en el extranjero. Entre las compañías involucradas estaban la estadounidense Cargil, Riopaila Castilla, la mayor productora azucarera de Colombia y una empresa financiera perteneciente al multimillonario propietario del mayor periódico de Colombia, amigo cercano del Presidente Santos. Socavar la seguridad alimentaria es un negocio conjunto de los inversores colombianos y extranjeros.
Bajo el eslogan “Todos somos pequeños agricultores”, el movimiento está exigiendo que los acuerdos de comercio sean renegociados o eliminados. Los sindicatos de todo el mundo deberían apoyar este reclamo, e integrar las lecciones de Colombia en la lucha para derrotar al Acuerdo de Asociación Transpacífico y similares acuerdos antidemocráticos de inversión.
Las actualizaciones sobre el movimiento colombiano se publican con regularidad en el sitio web de la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA [2].