Bajo la consigna: "Por la defensa del empleo y los centros de trabajo de Nueva Rumasa", más de 3.000 trabajadores/as marcharon en Madrid el 12 de marzo en una manifestación convocada conjuntamente por las federaciones agroalimentarias UGT y CCOO.
Retrasos salariales, puestos de trabajo en peligro y un futuro incierto – ésta es la situación del grupo de compañías Nueva Rumasa, algunas de las cuales han pedido protección frente a los acreedores (el paso previo al concurso) y otras ya han presentado concurso de acreedores, al mismo tiempo que se han iniciado procedimientos de despido (ERE) en sus empresas láctea Clesa y de helados Royne.
Nueva Rumasa es un conglomerado de propiedad familiar con posesiones en la industria de la alimentación, bodegas, distribución, hoteles y en un club de fútbol de segunda división.
En los últimos años, adquirió numerosas compañías mediante una estrategia de expansión basada en la compra de compañías en dificultades a precios de remate. Tal fue el caso en el 2007, cuando adquirió la compañía láctea Clesa de Parmalat, una transacción que abarcó 7 fábricas y 1.200 trabajadores/as y todas sus marcas (Clesa, Cacaolat, Ryalcao, Letona, Royne, La Levantina).
Hoy en día, los trabajadores/as de Clesa están viviendo de nuevo la incertidumbre que experimentaron durante el colapso de Parmalat en los años 2003 y 2004. Al estilo de Parmalat, Nueva Rumasa emitió pagarés corporativos sin fondos que los respaldaran. La compañía también declaró que poseía activos que ni siquiera tenía como garantía de los bonos. Desde la emisión inicial de bonos en febrero del 2009, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había alertado a los inversionistas en siete ocasiones en contra de invertir en Nueva Rumasa. No obstante, se estima que unos 5.000 inversores compraron bonos por 140 millones de Euros.
En la documentación presentada a los potenciales inversores, la firma comunicó que esos fondos de su emisión de pagarés serían utilizados para adquisiciones. Lo que no dijo, sin embargo, fue que Nueva Rumasa ya había sido excluida por los bancos luego de dejar de pagar sus deudas y que los fondos se necesitaban para saldar deudas.
Con una supuesta deuda de 700 millones de Euros con los bancos y 50 millones de Euros de aportes adeudados a la administración de la seguridad social de España, sin mencionar los 6 millones de Euros no pagados en la nómina, la compañía se acogió a la Ley Concursal a mediados de febrero. Ello fue seguido por recursos para sus firmas subsidiarias Clesa (láctea), Dhul (postres y helados), Trapa y Elgorriaga (chocolates), Quesería Menorquina (queso), Hibramer (huevos), Carcesa (carnes), Garvey (bodega) y el grupo hotelero Hotasa. La deuda combinada de estas compañías asciende a más del triple de sus activos netos combinados de 159 millones de Euros.
Las federaciones agroalimentarias UGT y CCOO, afiliadas a la UITA, representan a los casi 5.000 trabajadores/as de las compañías de alimentos de Nueva Rumasa. El grupo emplea otros 5.000 trabajadores/as a través de sus empresas.
Los trabajadores/as de Nueva Rumasa llegaron de todo el país para la manifestación nacional del 12 de marzo. A ésta siguieron numerosas protestas locales que se llevan a cabo desde enero. Las organizaciones sindicales exigen la intervención gubernamental para hallar soluciones inmediatas y concretas a las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores/as y sus familias, sumado a que esta crisis también está afectando a los sectores agrícola y ganadero del país. Las organizaciones sindicales exhortaron al gobierno a comprometerse a defender la actividad agroalimentaria como una industria importante y vital para el país.
La única respuesta hasta ahora fue la del gobierno de Menorca, que acordó un adelanto reembolsable de 1 millón de Euros para los trabajadores/as de Quesería Menorquina. Nueva Rumasa adquirió la fábrica de quesos de Kraft en el 2009 y firmó un acuerdo de co-fabricación de 3 años de duración, el cual actualmente fue cesado por Kraft debido a las repetidas demoras en el abastecimiento.
Kraft anunció la clausura de la fábrica de quesos en diciembre del 2008 pero, tras una vigorosa campaña sindical respaldada por el gobierno y la sociedad civil, convino finamente en venderla, pero sin la marca producida desde la década de 1930. Al hacerlo, Kraft evitó pagar indemnización a los trabajadores/as, a la vez que se aseguró continuas utilidades por la venta de sus productos de marca, cuya producción fue transferida a otras plantas de Kraft.