Unos 160 empleados/as españoles que fabrican productos de la marca Kraft corren el riesgo de sumarse a la creciente fila de ex trabajadores/as desempleados de Kraft.
En el año 2008, Kraft anunció el cierre de la fábrica El Caserío en Mahón, en la isla de Menorca (España), una clausura que, de acuerdo a la organización sindical española de trabajadores de la alimentación afiliada a la UITA, Agroalimentaria CC.OO, no sólo conduciría a la pérdida de empleo para los 163 trabajadores/as de la fábrica, sino que tendría repercusiones económicas y ambientales para la isla de Menorca. Por otra parte, vender la fábrica y mantener la producción ayudaría a conservar los puestos de empleo, el sustento de unas 300 familias, las explotaciones lecheras, así como el empleo y las tradiciones rurales.
Pero Kraft permaneció inflexible en cuanto que no podrían hallarse compradores viables. No obstante, la alternativa de cerrar la fábrica estaba perdiendo su atractivo, en la medida que el gobierno había informado a la dirección que no se habían cumplido las condiciones para la aprobación de los procedimientos de despido para los trabajadores/as de Mahón.
Tras una vigorosa campaña dirigida por la organización sindical y apoyada por el gobierno y la sociedad civil (incluyendo los productores lecheros arriba mencionados), finalmente Kraft encontró un comprador: el Grupo Nueva Rumasa, un conglomerado de propiedad familiar con tenencias en los sectores de la alimentación, bebidas, venta minorista y hotelería, el cual, según la dirección de Kraft, había presentado un plan comercial viable.
La transferencia de la titularidad se hizo efectiva el 1º de julio del 2009. En la misma fecha, entró también en vigor un acuerdo de co-fabricación de 3 años de duración negociado entre Kraft y el nuevo propietario, Quesería Menorquina-Nueva Rumasa.
Con esta operación, Kraft evitó tener que pagar indemnización a los trabajadores/as, al tiempo que se aseguró continuos ingresos a raíz de la venta de los productos de su marca.
Ahora parece que Kraft fue totalmente negligente por su falta de la debida diligencia a fin de hallar un comprador viable, o burdamente deshonesto con sus trabajadores/as y la gente de Menorca, dado que Nueva Rumasa es en este momento insolvente y está bajo investigación por fraude.
Menos de un año después de la transferencia de la compañía, las dificultades empezaron a aparecer con demoras en los pagos de salarios y pagos a los proveedores. En enero del 2011, comenzaron a acumularse atrasos de pagos de hasta dos meses en todas las compañías del Grupo. A mediados de marzo, el personal de Quesería Menorquina tuvo “vacaciones” de una semana debido a que los proveedores dejaron de entregar materias primas. Nueva Rumasa se acogió a la Ley Concursal recurrió al amparo de quiebra en nombre de su empresa en Menorca, pero el 5 de abril la Corte intervino y asumió la administración de la compañía.
Nueva Rumasa ha demostrado claramente que nunca tuvo un plan comercial viable para Quesería Menorquina. La fábrica no puede funcionar por falta de materia prima. Los trabajadores/as no están recibiendo su paga y corren el serio riesgo de perder sus puestos y toda protección social.
¿Dónde está Kraft en todo esto? Kraft Foods agravó el futuro ya de por sí precario de la fábrica y de sus trabajadores/as al suspender todos los nuevos pedidos, afirmando categóricamente que Nueva Rumasa está incumpliendo el acuerdo de co-fabricación. Un 40% de la producción de la fábrica es en nombre de Kraft Foods.
La UITA se suma a la organización sindical española de trabajadores de la alimentación, Agroalimentaria CC.OO, para reclamar a Kraft Foods que conteste ciertas preguntas molestas acerca de su propio incumplimiento de los compromisos pactados. ¿Realmente no conocía Kraft las dudas respecto a la capacidad crediticia de Nueva Rumasa que circulaban en los círculos financieros españoles ya meses antes de la venta? ¿O simplemente no le importó a Kraft y por el contrario dijo despreocupadamente a su personal, la comunidad de Mahón y a las autoridades gubernamentales que el comprador de la histórica fábrica El Caserío tenía un plan comercial viable?
Una vez más, parece que Kraft emplea las mismas tácticas escurridizas que utilizó en el caso de la fábrica Cadbury en Somerdale en el RU [2] cuyo cierre fue programado antes que Kraft entrara al escenario. Al insinuar que estaría en situación de mantener abierta esta fábrica, Kraft brindó esperanzas y expectativas – y consiguió la aprobación para la absorción. Pero tan pronto como eso ocurrió, Kraft entonces “admitió” que no había contado con todos los datos y que, de hecho, la fábrica en construcción en Polonia para recibir la producción de Somerdale ya estaba casi lista, de manera que no había marcha atrás.
En Sudáfrica, donde Kraft había logrado la aprobación regulatoria para la adquisición de Cadbury afirmando que no habría, como resultado, grandes pérdidas de puestos de trabajo, la compañía proyecta eliminar hasta un máximo de 400 empleos en la planta de Cadbury en Port Elizabeth.
Actualmente los trabajadores/as de España se articulan con sus pares de Sudáfrica y del RU para reclamar a Irene Rosenfeld que respete y proteja sus derechos. Agroalimentaria CC.OO, conjuntamente con la UITA, pedirá una reunión para discutir el futuro de la planta y de los trabajadores y trabajadoras.